Las víctimas de la llamada mafia de los pagarés denunciaron una nueva modalidad de presión que, según aseguran, involucra a ujieres del Poder Judicial. Afirman que se les exige abandonar grupos de afectados y eliminar publicaciones en redes sociales relacionadas al caso, a cambio de levantar embargos que pesan sobre sus bienes.

Pedro Coronel, vocero de la coordinadora de víctimas, explicó que varios afectados ya cedieron ante estas coacciones debido a la urgencia económica que atraviesan. “Esta acción para nosotros es muy grave, es ilegal y coercitiva. Emitimos un comunicado como primer paso y no descartamos presentar una denuncia formal ante la Fiscalía”, señaló.

El Juzgado de Paz de Luque es uno de los señalados en estas acusaciones. Según los denunciantes, un ujier identificado con el apellido Orué sería parte de las presiones ejercidas contra los demandados. Incluso aseguraron que ya se han registrado embargos levantados bajo estas condiciones, e inclusive en un caso se habría devuelto dinero retenido.

“De la mafia se puede esperar cualquier cosa”, expresó Coronel, advirtiendo que se trata de una estructura organizada que operaría dentro del sistema judicial.

Las víctimas confirmaron que el próximo martes 2 de setiembre volverán a movilizarse frente a la Corte Suprema de Justicia, reclamando una auditoría de los juzgados señalados y mayor transparencia en los procesos.