La Corte Suprema de Justicia aprobó la utilización de tobilleras electrónicas en procesos por delitos económicos, extendiendo su uso más allá de casos de violencia familiar. Esta medida, impulsada por la Oficina Técnica Penal, busca asegurar el sometimiento del imputado al proceso sin necesidad de prisión preventiva. Inicialmente, el plan piloto usó solo 20 dispositivos en Asunción, pero ahora hay disponibles 100, con posibilidad de ampliación a 1.000 gracias a la empresa adjudicada. El costo por tobillera ronda los 2.100.000 guaraníes, que deberá asumir el beneficiario, salvo insolvencia, en cuyo caso lo cubrirá el Ministerio del Interior. Su aplicación queda a criterio del juez penal de garantías, quien debe valorar la gravedad del hecho, el historial del imputado, el riesgo para la víctima y el resultado del estudio de factibilidad realizado por la Policía Nacional. Este estudio considera señales de GPS y radio, así como perímetros de movimiento. Además, los jueces deben establecer un plazo concreto de uso y consultar a la víctima en casos de violencia. Las reglas están contempladas en la Acordada 1.779, que establece el protocolo de uso de estos dispositivos. Con esta medida, el Poder Judicial apuesta por un control más efectivo y menos invasivo en casos complejos.