El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley de Arbitraje, oficializando una normativa clave para el fortalecimiento del sistema de resolución de conflictos en Paraguay. La confirmación fue realizada por el asesor de la Presidencia, Roberto Moreno, desde la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde el jefe de Estado mantuvo una reunión sorpresiva con los ministros del máximo tribunal. Durante ese encuentro se firmó el decreto que da vigencia a la nueva ley, cuyo proceso de elaboración y ajuste se extendió por aproximadamente dos años.

Según explicó Moreno, la normativa establece reglas claras sobre las competencias del Poder Judicial y delimita con precisión en qué situaciones los jueces pueden intervenir para coadyuvar al trabajo de los árbitros, sin afectar la autonomía del proceso arbitral. Este punto busca otorgar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a las partes que optan por este mecanismo alternativo de solución de controversias.

La ley también introduce disposiciones específicas relacionadas con el laudo arbitral, detallando los requisitos formales que deben cumplirse y las consecuencias jurídicas derivadas de su emisión. De acuerdo con el asesor presidencial, estas precisiones permitirán evitar interpretaciones ambiguas y fortalecer la confianza en el arbitraje como herramienta eficaz para resolver disputas, especialmente en el ámbito comercial y de inversiones.

Con la promulgación de esta ley, el Gobierno apunta a modernizar el marco legal, promover un clima más favorable para los negocios y consolidar al arbitraje como una opción ágil, especializada y confiable dentro del sistema jurídico paraguayo.