La Policía Nacional, a través del Departamento de Investigación del Cibercrimen, se infiltró en grupos de WhatsApp, Telegram y otras redes sociales utilizadas por jóvenes de la Generación Z que organizaron la protesta del 28 de setiembre contra la corrupción. El operativo derivó en la represión de la marcha y la detención de 31 personas, posteriormente liberadas.

El informe policial presentado al Ministerio Público sostiene que la pesquisa fue preventiva ante supuestas amenazas e incitación a hechos punibles, citando mensajes como “hay que quemar la ANR y el Congreso”. Los investigadores, encabezados por los comisarios Luis López, Diosnel Alarcón y Julio Cáceres, afirmaron que su intervención buscaba evitar delitos de “especial gravedad”.

El senador Rafael Filizzola criticó con dureza el accionar de la Policía, acusando al Gobierno de criminalizar la protesta social y comparando el operativo con prácticas de espionaje político de la dictadura stronista. Señaló además que la intervención de comunicaciones privadas careció de aval judicial y, por lo tanto, sería ilegal.

Filizzola destacó que los jóvenes detenidos no tenían antecedentes judiciales, mientras que el comisario Gustavo Errecarte, jefe del operativo, arrastraría causas previas por extorsión y robo. “El jefe policial que debía garantizar derechos tiene antecedentes, los jóvenes no”, enfatizó.

Los manifestantes denunciaron haber sido golpeados durante su detención en la Agrupación Especializada, lo que refuerza la polémica sobre el uso de la fuerza y la vigilancia estatal contra la protesta ciudadana.