La situación de mujeres activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos en Cuba volvió a quedar en evidencia ante denuncias recientes que describen un entorno marcado por la represión estatal y la violencia de género institucional. Diversos colectivos feministas independientes alertaron que el Gobierno mantiene mecanismos sistemáticos de vigilancia, hostigamiento y control contra mujeres que ejercen labores de comunicación o liderazgo social, especialmente aquellas que documentan abusos o participan en iniciativas cívicas autónomas.

Según organizaciones cubanas en el exilio, estas mujeres enfrentan un patrón creciente de interrogatorios, citaciones arbitrarias, amenazas, campañas de difamación en medios oficiales y presiones dirigidas a sus familias. Además, se reportan restricciones de movilidad, decomiso de equipos de trabajo y bloqueos para acceder a internet o plataformas digitales, herramientas esenciales para su labor informativa.

Activistas han denunciado que la violencia de género institucional se expresa también en la instrumentalización del Código Penal y otras normativas que permiten criminalizar el disenso bajo figuras como “desórdenes públicos”, “mercenarismo” o “propagación de noticias falsas”. Esto ha generado un contexto de alto riesgo para mujeres periodistas, comunicadoras comunitarias y defensoras de derechos humanos.

Las denunciantes afirman que la ausencia de independencia judicial, sumada al control estatal de los medios, dificulta la documentación de los casos y fomenta la impunidad. Asimismo, subrayan que el Estado no garantiza mecanismos efectivos de protección para mujeres que sufren violencia política, pese a compromisos internacionales asumidos por Cuba.

Colectivos feministas y organizaciones internacionales reiteraron su llamado a que cesen las prácticas de hostigamiento y se respete el derecho de las mujeres a expresarse, organizarse y trabajar de manera libre y segura.