La Contraloría General de la República (CGR) remitió a la Fiscalía y la Corte Suprema los casos de tres juezas de Paz de Asunción que no justificaron el incremento de su patrimonio. El caso más grave involucra a Carmen Analía Cibils, jueza de Paz de La Encarnación, cuyo crecimiento patrimonial sin sustento asciende a G. 836 millones.

Según el informe, el aumento ocurrió entre 2012 y 2019, con énfasis entre 2019 y 2024. Las irregularidades fueron detectadas mediante análisis de ingresos y egresos cruzados con datos de Seprelad. Se hallaron documentos sin fecha cierta ni certificación notarial, lo que podría constituir producción de documentos falsos.

Otras magistradas señaladas son Liliana González de Bristot y Natalia Garcete. Esta última no pudo justificar G. 230 millones en inversiones que atribuyó a su esposo, aunque no presentó documentación clara para confirmar esa versión, y está casada bajo régimen de separación de bienes.

Cinco jueces adicionales presentaron errores u omisiones en sus declaraciones juradas. La CGR continúa con exámenes a otros funcionarios judiciales, como actuarios y ujieres.

El caso se vincula a investigaciones sobre la “mafia de los pagarés” y expone posibles actos de corrupción sistemática dentro del Poder Judicial.