Sonia, una docente jubilada, fue víctima de la mafia de los pagarés y actualmente enfrenta un embargo de G. 800.000 mensuales sin haber visto el documento que respalda la supuesta deuda. Según su relato, cuando estaba en actividad, realizó compras con descuentos del Ministerio de Educación y pagó todas sus cuotas, pero nunca retiró su finiquito.

Ese descuido permitió que su pagaré fuera vendido a empresas de cobros, que iniciaron un juicio en su contra. “Nunca me mostraron el documento original por el que me descuentan el dinero”, afirmó en radio Monumental.

Las investigaciones apuntan a la abogada Zully Ortiz García, representante de la firma Vanessa y Asociados, cuyo estudio jurídico fue allanado por la Fiscalía. La abogada Noelia Núñez, quien representa a un grupo de afectados, considera que la incautación de documentos es clave para probar el esquema fraudulento.

El Ministerio Público aún no ha logrado unificar los casos, a pesar de que la Fiscalía General designó un equipo especializado para investigar esta estafa, que afecta a miles de personas en Paraguay.