La fiscala Zunilda Ocampos imputó a cinco policías del Departamento de Investigaciones de Ciudad del Este y a la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández por privación de libertad y extorsión agravada. El caso involucra un supuesto “apriete” a un ciudadano que fue obligado a pagar más de G. 200 millones para evitar un allanamiento.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el 3 de junio en Presidente Franco. Fabio Junior Troche Zarza y Jorge Esteban Stoian Vidiella, acompañados por una menor, fueron interceptados por los agentes, quienes se identificaron como policías y los obligaron a desplazarse hasta el Departamento de Investigaciones.

En esa dependencia, Troche fue retenido por tres horas y presionado para entregar USD 50.000 bajo amenazas de allanar su vivienda y la de sus padres. La abogada Gauto llegó al lugar, conversó con los policías e instó a la víctima a pagar “para evitar problemas”.

Finalmente, acordaron un pago inmediato de USD 30.000 y otros USD 20.000 en el plazo de un mes. Troche se vio forzado a vender su vehículo y pedir préstamos para reunir el monto.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para todos los involucrados tras corroborar los hechos denunciados.