Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron una imputación contra 63 personas, entre jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados, por su presunta participación en la mafia de pagarés. Los imputados, incluidos los jueces de Paz Analía Cibils, Víctor Rodríguez y Nathalia Garcete, así como la exjueza Liliana González de Bristot, enfrentan cargos por prevaricato y uso de documentos públicos falsos.
La fiscalía dividió la imputación por juzgados, señalando que los jueces habrían dictado resoluciones ilegales para favorecer a empresas de cobranzas, violando el derecho a la defensa y la igualdad procesal. Los actuarios y ujieres habrían falsificado informes sobre notificaciones, mientras que los abogados instaron procesos fuera de la ley.
Entre los imputados destacan funcionarios de los juzgados de La Encarnación, La Recoleta y La Catedral 2, así como abogados como Angel Aníbal Cino Isnardi y Carlos Enrique Neffa Persano. La investigación reveló que las notificaciones no se realizaron, pero se avanzó en procesos que derivaron en embargos y remates ilegales.
Este caso expone una red de corrupción judicial que afectó a cientos de ciudadanos, según el acta de los fiscales. La imputación marca un hito en la lucha contra la impunidad en el sistema judicial.