La Entidad Binacional Itaipú ha generado fondos sociales por más de US$ 100 millones anuales mediante incrementos artificiales en el Costo del Servicio de Electricidad. Esta práctica viola el principio fundamental del Tratado de 1973, que establece que Itaipú debe operar a precio de costo, sin lucro.

A pesar de esta base legal, en cada mandato electoral la oposición insiste en integrar estos fondos al presupuesto nacional, argumentando transparencia y mayor control estatal. Sin embargo, esta postura ignora que la Nota Reversal Nº 228/2005, que buscaba legitimar esa función social, no fue aprobada por el Congreso Nacional, por lo que carece de validez jurídica.

Integrar ahora esos recursos al presupuesto nacional sin que estén amparados por un marco legal claro legitimaría un mecanismo actualmente irregular. Además, mientras se renegocia el Tratado de Itaipú, su incorporación al presupuesto condicionaría las discusiones y limitaría la posibilidad de rediseñar un esquema más transparente y equitativo.

Por eso, especialistas advierten que los fondos sociales deben mantenerse dentro de Itaipú y bajo administración directa y temporal de la binacional, con auditoría independiente, hasta que se defina una política de utilización legal, legítima y controlada por el Estado paraguayo.

Hasta tanto se renegocie el Anexo C con acuerdos claros y aval parlamentario, los fondos sociales deben seguir bajo administración de Itaipú, respetando lo establecido por el tratado vigente y evitando usos políticos ajenos al marco legal binacional.