La crisis de la vivienda en Argentina alcanza niveles alarmantes. En el último año, los alquileres aumentaron un 88,4%, ritmo similar al de la inflación. Sin embargo, no todos los trabajadores vieron sus salarios crecer de la misma forma, especialmente los informales, que constituyen una parte significativa de la población activa. El aumento constante del precio base de los alquileres hace que acceder a una vivienda se convierta en una carga imposible.
Comprar una casa directamente es una fantasía. Con un mercado inmobiliario dolarizado, un monoambiente en Buenos Aires ronda los USD 77.000, lo que equivale a 13 años de salario promedio formal, sin contar inflación o devaluaciones. La falta de créditos hipotecarios viables, sumada a restricciones para comprar dólares legalmente, deja a la clase media sin opciones.
El sentimiento general es de desesperanza. La falta de políticas públicas estructurales empuja a los jóvenes a sentirse sin futuro. Esa ausencia de perspectivas nutre expresiones sociales extremas y pone en riesgo la estabilidad democrática. Organizaciones de derechos humanos reclaman que se reconozca el acceso a la vivienda como un derecho básico.
Para evitar que se consolide un “no future” generacional, la política argentina debe superar su polarización y generar consensos de largo plazo. La vivienda digna no puede seguir siendo un privilegio.