El exministro de Hacienda, César Barreto, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno no reconozca ciertos compromisos financieros asumidos con las empresas constructoras. El debate surge a raíz de los reclamos de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), que asegura que la deuda estatal supera los 200 millones de dólares, incluyendo intereses contractuales que fueron previamente acordados.

Barreto señaló que desconocer estas obligaciones representa un serio riesgo para la credibilidad del país frente a los mercados internacionales. Afirmó que Paraguay necesita proyectar seguridad jurídica y cumplimiento de contratos, especialmente si busca preservar su calificación de grado de inversión. Enfatizó que cualquier señal de incumplimiento puede generar desconfianza en inversionistas extranjeros, encareciendo el acceso al crédito.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó que no todo documento presentado por las empresas puede ser considerado deuda reconocida. Explicó que las facturas deben pasar por un proceso administrativo completo antes de adquirir carácter oficial. Esta aclaración, sin embargo, no convence al sector privado, que insiste en que existen intereses legales pendientes.

El conflicto refleja una tensión recurrente entre el Estado y las constructoras, que ya en otras ocasiones denunciaron retrasos prolongados en los pagos. Economistas coinciden en que una solución transparente y dialogada es clave para evitar un deterioro de la confianza en la economía paraguaya y garantizar la continuidad de las inversiones en infraestructura.