Seúl vive una situación de tensión tras la sorpresiva declaración de ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol, en un contexto de crisis política interna.

Este martes, el mandatario surcoreano justificó la medida argumentando la necesidad de proteger al país de “fuerzas comunistas” y garantizar el orden constitucional, en medio de una disputa con el opositor Partido Democrático, que controla el Parlamento. En un discurso televisado, Yoon señaló que la oposición ha bloqueado el proceso parlamentario, sumiendo al país en una crisis que requiere una intervención drástica.

La ley marcial implica el cierre del Parlamento y la prohibición de todas las actividades políticas, incluyendo manifestaciones y reuniones de partidos, además de un estricto control sobre los medios de comunicación. Park An-su, comandante encargado de la implementación, indicó que estas medidas buscan mantener el orden y la seguridad nacional.

El trasfondo de esta declaración se remonta a la reciente moción del Partido Democrático para destituir a altos fiscales y su rechazo al presupuesto gubernamental para el próximo año. Desde su llegada al poder en 2022, Yoon ha enfrentado una fuerte resistencia de la oposición, que también ha solicitado investigaciones independientes por presuntos escándalos que involucran a su esposa y otros altos funcionarios.

El anuncio generó críticas inmediatas, incluso desde el Partido del Poder Popular, liderado por el propio Yoon, y evoca recuerdos de la era de gobiernos autoritarios en Corea del Sur, ausente desde la década de 1980. La oposición convocó una reunión de emergencia para definir su estrategia ante esta situación inédita en la democracia moderna del país.

La comunidad internacional observa con preocupación los acontecimientos en Corea del Sur, esperando una resolución pacífica que respete el orden democrático.