La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que autorizaba el derribo de aeronaves ilegales, argumentando inconstitucionalidad y con el respaldo de Estados Unidos, que elogió la decisión como acorde a estándares internacionales. Sin embargo, el senador Eduardo Nakayama volvió a poner el tema sobre la mesa al presentar una iniciativa similar en la Cámara Alta.

Nakayama defendió su propuesta apelando a la reciente compra de aviones Súper Tucano por USD 105 millones, que considera inútiles sin una normativa que habilite el uso letal contra narcoaviones. “No tendría sentido no contar con capacidad para perseguir y derribar”, afirmó.

La Constitución paraguaya no contempla la pena de muerte, por lo que desde el cartismo se sostiene que el derribo violaría derechos fundamentales. El oficialismo, por su parte, insiste en que la legislación actual permite la interceptación y advertencia, aunque solo en casos extremos autoriza el uso de fuerza letal bajo legítima defensa.

Estados Unidos celebró la decisión de no avanzar con el proyecto original, reforzando su cooperación con Paraguay en la lucha contra el crimen organizado.

La polémica sigue abierta, mientras crece la presión sobre el Ejecutivo para definir el uso real de los Súper Tucano sin una ley específica que habilite el derribo de aeronaves.