Carlos Espinoza, residente en Pilar, fue notificado en Luque por una demanda basada en un pagaré fraudulento, pese a que nunca recibió las notificaciones. Inhibido y sin trabajo, enfrenta graves consecuencias económicas. El pagaré, supuestamente saldado en 2016, fue presentado con irregularidades, incluyendo una fecha alterada. Las notificaciones, realizadas en Asunción, nunca llegaron a él, y la jueza Patricia Samaniego embargó G. 29,2 millones de su indemnización laboral.
Espinoza denunció que la Defensoría del Pueblo no lo ayudó y que la defensora pública le advirtió que no podía hacer nada. Además, enfrentó la enfermedad de su hijo, gastando más de G. 150 millones en su tratamiento en Argentina. La Fiscalía investiga la mafia de pagarés, analizando auditorías de la Corte, pero aún no hay imputados. Espinoza exige justicia y el fin de estas prácticas fraudulentas.