La justicia argentina detuvo este miércoles al empresario Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, junto con otros responsables, acusados de producir y distribuir lotes de fentanilo medicinal contaminado. El caso ya dejó alrededor de 100 muertes en hospitales del país y es considerado la tragedia sanitaria más grave en un siglo, después de la pandemia de covid-19.

La fiscal federal María Laura Roteta advirtió que se trata de un episodio de “criminalidad compleja”, con múltiples víctimas y una estructura empresarial organizada. Las investigaciones determinaron que las ampollas incautadas en las sedes de los laboratorios presentaban bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, coincidentes con las aisladas en pacientes fallecidos.

La pesquisa se inició en mayo, tras un brote reportado en el Hospital Italiano de La Plata. Estudios posteriores confirmaron fallas graves en los procesos de producción, lo que permitió que los lotes contaminados llegaran a hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y otros puntos del país.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió imágenes de los arrestos y destacó la captura de García Furfaro como “el último que faltaba”. La justicia también dictó órdenes contra familiares y directivos de las compañías.

Mientras tanto, familiares de las víctimas realizaron marchas silenciosas exigiendo justicia. El opioide, 50 a 100 veces más potente que la morfina, sigue bajo estricta vigilancia internacional por su peligrosidad.